El balance 2009 (II)

Seguimos con el balance del llamado annus horribilis para la mayoría de los españoles (y sobre todo para ese mogollón de parados reales, que no son los de la Casa Real, por supuesto).

La Justicia española ha visto ZP ha cambiado en un pispás al titular ministerial (dábamos cuenta aquí de ello). El camarada Bermejinsky, el que soltó la estupidez ésa de «luchamos contra los padres y ahora tenemos que luchar contra los hijos», estaba preso de un profundo complejo freudiano (el ansia de «matar al padre», ya saben, en sentido figurado). El mismo que dijo que moverían ficha contra ETA «cuando la jugada lo aconseje» y otras lindezas. El caso es que se lo llevó por delante una fotografía, de la cual su padre, jefe local del Movimiento (Nacional, claro) de su pueblo, hubiese estado plenamente orgulloso. «Mi hijo, cazando como Franco. ¡Presente!», hubiese dicho el prócer, poniéndose firmes y levantando el brazo derecho. Diríase que el subconsciente fue el que le jugó una mala pasada, porque además, alguien tuvo la genial idea de acordarse de La escopeta nacional, genial película de Berlanga, de ésas que ya no se harán porque nuestra casta política no tiene sentido del humor. Todo junto mandó al carajo al camarada.

Y cambió el titular ministerial, pero el ramo no cambió en absoluto. Desde el punto de vista del usuario, la justicia que llega tarde no es justicia y sólo puede esperar quien tiene dinero. Todavía algunos jueces valerosos denuncian la clamorosa falta de medios personales y materiales en la que tratan de desempeñar con alguna dignidad la función que pomposamente les encomienda el artículo 117.3 de la Constitución: «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». Recordemos que el instructor del caso Filesa, D. Marino Barbero Santos, tuvo que hacerlo con una maquinilla de escribir de mala muerte. Pero el ¿Gobierno?, más atento a sus prioridades que a las de los jueces y aún de los usuarios, pasa olímpicamente. Diríase que le conviene más una justicia lenta, aleatoria y cara que no una rápida, económica y ajustada a la ley bien hecha. Por eso hay personajes como Garzón que, por desgracia para la Justicia, siguen viendo amanecer.

Y cuando el juez despertó, Caamaño ya estaba allí. Ya en su momento dijimos que nos parecía sospechoso su entusiasta apoyo al Estatut (los hermanos deben ayudarse y tal y tal… ¿pero por encima de la ley y de la justicia? Parece que sí). Aparte de eso, no le hemos oído mucho de «planes de modernización de la justicia», por lo dicho en el párrafo anterior: bien les va a ellos que a la criminalidad del siglo XXI se enfrente un aparato judicial del siglo XIX. Tomen nota de este detalle: la Ley de Enjuiciamiento Civil era de 1881 (la vieja) y, como muchas otras leyes venerables de nuestro ordenamiento, sobrevivió con innumerables parches y contrahechuras hasta el 2000, año en que el PP se las compuso para aprobar la vigente. A ésa ley tendrán que sujetarse ustedes, por ejemplo, si quieren recabar indemnizaciones de daños y perjuicios privados o reclamar cantidad cierta a otra persona privada. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (la que se ocupa de enjuiciar delitos y faltas) es de… 1882. Han pasado 128 años. Es también una viejecita venerable y sobrevive desde luego con diversos parches y contrahechuras... ¡pero ni siquiera el PP quiso meterle mano! ¿No les parece sospechoso el detalle a ustedes?

La cascada es sumamente predecible. Las Asambleas legislativas aprueban leyes técnicamente deficientes (por error o a sabiendas). La Administración las aplica en unos casos como puede y en otros aprovechando el margen para favorecer al amigo, al conocido o al conseguidor. De eso se siguen problemas porque hay damnificados que no se resignan a estar callados y a aguantar la injusticia. El juez, dado el esqueleto de la ley, se ve atado de pies y manos las más de las veces si quiere hacer las cosas bien. Para hacerlas mal, por desgracia, siempre hay mucho más margen. Si a ello agregamos el proverbial atasco judicial que las leyes y las tácticas dilatorias de los abogados experimentados crean (entre otros), comprenderemos que es imposible que exista una Justicia rápida funcionando dentro de unos carriles normales. De esa imposibilidad nacieron las astillas y otras corruptelas que gozan de buena salud en los juzgados. Son las rémoras que impiden que la Justicia vaya como debe. Y dudamos mucho de que Caamaño pueda o quiera arreglar el panorama.

Fianza

La fianza es esa institución procesal penal a la que muy probablemente ustedes y yo no tengamos derecho si un mal día las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos echan el guante. La fianza parece ser un privilegio reservado a delincuentes de altos vuelos, así que si a ustedes o a mí nos trincan, nos meten sin remisión en el maco, que dirían los habituales de ese tipo de establecimientos.

Digo esto porque, al parecer, si uno ostenta un cargo público y además tiene buenas agarraderas (los bien conocidos «amigos del alma»), no pisa el calabozo ni por casualidad. O, en el peor de los casos, pasa un par de noches para que la ciudadanía estabulada entienda que «se ha dado su merecido a los delincuentes». Tal fue el caso de los senyors Alavedra y Prenafeta, vacas sagradas (y gordas y lustrosas) del nacionalismo más ceballut. O de Bartu Muñoz, de cuyo caso nos ocupamos ya en otra entrada y que ahora, por una módica cantidad –100.000 leuros de nada– no pisará la cárcel. Fianza que, por si faltara algo, le han pagado sus amigos del alma del PSC según cuenta su abogado, el catedrático Fermín Morales Prats.

Pero en éste y en casi todos los demás casos, para los que somos legos en temas de casta, sobrevuela una pregunta: ¿dónde está el dinero robado? Es decir, a un señor le juzgan por, pongamos, malversación de caudales públicos (delito propio de los políticos y altos cargos de la Administración) y, previo el pago de una fianza, es puesto en libertad provisional porque, como establece el art. 492 LECr, la fianza se paga como medio de evitar la detención. Por eso Bartu puede celebrar las Navidades tranquilamente, como los senyors Alavedra y Prenafeta. Y del dinero nunca más se supo. Estará a buen recaudo, eso sí: en un paraíso fiscal o en manos de quien corresponda dentro de la organización beneficiaria de dicha malversación; pero ni ustedes ni yo volveremos a oler dicho dineral.

Creo sinceramente que en estos casos el Juez aprecia con demasiada ligereza la concesión de la libertad con fianza. La casta mueve los hilos para que sus recaudadores no caigan en prisión y el Juez, al final, es ese funcionario comprensivo que asegura al presunto: «Mira, me ha llamado Fulano de Tal, que es nosequé-nosecuántos (pez gordo, por supuesto) del partido y hemos quedado en que con una fianza arreglamos el asunto». Y tot queda a casa porque todos somos arrieros y nunca sabe uno en qué recodo del camino nos podemos volver a encontrar. Y si no, que se lo pregunten a Pascual Estevill; o también a Garzón, cuya toga está por ahora más que cuestionada.

En cambio, queridos lectores, prueben ustedes a cometer un delito medianamente parecido al que acabamos de describir. Pongamos por caso: rompan ustedes un cajero automático y llévense 500 euros. Caerá sobre ustedes todo el peso de la ley (y posiblemente, por su condición plebeya, un poco más). Seguramente les salvará que si es la primera vez que delinquen o que la pena que se les imponga sea inferior a 2 años de privación de libertad no olerán los barrotes (se les suspende la ejecución de la pena: art. 81 CP). Y la aplicación de la ley para su caso será estricta al milímetro, como no lo ha sido para estos senyors (¿dónde iríamos a parar si la justicia no funcionase para nadie?). Tendrán ustedes que devolver hasta el último céntimo de lo robado y además, pagar las costas del juicio, que todo tiene que seguir el cauce procesal adecuado.

Pero oiga, ¿y el artículo 14 de la Constitución? Bueno, este… ha sido sustituido de facto por este otro: «Todos los españoles son iguales ante la ley… pero algunos españoles son más iguales que otros». Y cabría añadir incluso que algunos españoles que no se sienten tales son también más iguales que otros.

Les confesaré algo: si yo pudiese legislar, la fianza en estos casos sería el montante de todo lo robado. Sería una medida inaudita, porque en todo lo que llevamos de dictadura parlamentaria (31 años, ni más ni menos) ningún bergante, condenado o no, ha devuelto la total cantidad de lo robado (creo que el único que devolvió algo fue Roldán, y aún ése sólo devolvió un mísero 25%). Pero tal vez contribuyese a que los políticos, ésos que dicen que «nos arreglarán nuestros problemas» (y luego arreglan el suyo y poco más), tuviesen un poco más de cuidado en administrar lo que es de todos y no del viento.

Bosque a bosque, fuego a fuego

Parece una canción de Serrat hablando de Machado, pero no. El caso es que el tema de los incendios debería causar más alarma, porque no hay año que no se quemen menos de 10.000 hectáreas de arbolado. La gente llora si en los incendios pierde sus pertenencias, o si por desgracia pierde la vida el miembro de algún retén o bombero. Pero no he visto a nadie «llorar» todavía porque España se esté convirtiendo en un secarral, en una extensión natural del Sahara. ¿A nadie le importa, verdaderamente?

Más que a nadie, les debería importar a los Ayuntamientos de los términos municipales de los bosques que se queman. Sin embargo, no tengo noticia (y corríjame alguien si me equivoco) de que en el otoño o invierno anterior los Ayuntamientos de los bosques que se han quemado en verano hicieran campaña alguna de prevención. No se quita la maleza, fácil yesca para cualquier desaprensivo. No se hacen los necesarios cortafuegos. No se toman las correspondientes medidas de prevención. Luego, claro está, se hacen barbacoas sin permiso (o sin tomar las más elementales precauciones) en días ventosos, entre varios hechos posibles y pasa lo que pasa. La desidia nos indica, además, que «para lo que cuesta mantenerlos limpios y arregladitos, mejor se queman y así ya no hay que cuidarlos».

Pero no es sólo eso. La legislación vigente impide sacar provecho económico de las zonas devastadas en un período no menor a 20 años; ¿pero se cumple esa legislación? Porque teniendo en cuenta que el 90% de los incendios son provocados y no estamos hablando de desidia o piromanía, diríase que hay un interés en que se quemen. ¿Habrá, pues, algún ayuntamiento damnificado que permita algún tipo de aprovechamiento económico, pasándose la ley por el arco de triunfo?

Y ya que mencionamos la piromanía, resulta curioso que en las noticias digan que se ha detenido a «52 o 53 pirómanos» y no den más información. A mí me gustaría saber cualquier cosa de esos hijos de puta. Es verdad que las noticias nos dicen que «se enfrentan a penas de 20 años de cárcel», pero no nos dicen por qué esas «personas» son capaces de quemar un bosque. Yo no digo que no existan verdaderamente pirómanos; pero no me basta que se anuncie la detención de uno de ellos y después «nunca más se supo». En lo que a mí respecta, son terroristas ecológicos y como tales terroristas habría que tratarles.

Me gustaría que todos aquellos a quienes la ley encomienda la responsabilidad de cuidar de los montes lo hiciesen. No solamente porque puedan fallecer personas o producirse daños materiales. Entiendo que los bosques, suficientemente bien cuidados, atenúan el efecto del cambio climático e impiden que las temperaturas alcancen niveles inviables para no pocas personas mayores, para los agricultores, etc. Es un patrimonio que hay que cuidar y que hemos de legar a nuestros descendientes en el mejor estado posible. No permitamos que el egoísmo brutal de unos pocos y la indiferencia de muchos destruya nuestro propio hábitat.

Actualización diciembre 2009.- El amigo Tercera Opinión ha escrito un estupendo artículo que creo complementa (con datos absolutamente descorazonadores, por desgracia) las reflexiones de nuestra entrada.

... Y era Titadyne

Todos nos acordamos de lo nerviosa que se puso la fiscal Olga Sánchez cuando los abogados de la acusación empezaron a desgranar sus argumentos contra la llamada versión oficial. «¡Estalló Goma 2 Eco y valeyá», estalló la fiscal. Ese valeyá, que a la fiscal le ha valido la proposición de su jefe (que de cándido tiene lo que un servidor de ustedes de astronauta) de ascenso a Fiscal del Tribunal Supremo, ha quedado para los anales de la coletilla como símbolo de auctoritas y de que el tema está terminado y no hay más que hablar (y deje usted de joder la marrana, señor letrado, que lo empapelo por desacato).

Recordamos todos también la sonrisa de oreja a oreja de Pepiño (hoy señor ministro de Fomento en trance de adelgazamiento, por culpa de los 600 metros que hay entre su despacho y el de su subordinado más inmediato), cuando decía aquello de «Ya sabemos lo que va a decir la sentencia». La sentencia, al final, no dejó contento a nadie: ni al Gobierno, que pretendía saber lo que iba a decir su señoría Bermúdez; ni a las asociaciones de víctimas del terrorismo, las cuales conocían los flecos y agujeros de la versión oficial, y que además, habían sido atacadas por el Gobierno en su afán de desactivarlas (no solamente para ese proceso, sino para el otro de la «negociación», que oficialmente hoy está «roto»). En dicha sentencia, Bermúdez se cuidó muy bien de enfocar demasiado la luz; y así, lo único que quedaba claro es que no se sabía quiénes habían sido los autores materiales, no se sabía quiénes habían sido los autores intelectuales y, finalmente, no se sabía qué había explotado en aquellos trenes.

El caso es que aquella sentencia, según unos, cerraba el proceso. Y para otros, entre los que yo me cuento, solamente lo cerraba en falso. Además, hubo varios movimientos sospechosos: por ejemplo, el ascenso o cambio de destino de algunos de los mandos de la Policía y Guardia Civil de los que ahora empieza a decirse que presionaron a sus subordinados para que mantuviesen la versión oficial. A mí esos movimientos me chirriaban mucho. Mucho más cuando empecé a leer el libro del letrado de aquella causa D. José María de Pablo La cuarta trama (si alguien puede saber algo de esa intrincada causa es uno de los letrados intervinientes, desde luego). Libro que recomiendo encarecidamente a quien de ustedes no se crea la versión oficial y tenga suficiente estómago para aguantar algunas verdades que en él se cuentan.

El caso es, también, que en este país de salsa rosa y pandereta (y ya no tan «devota de Frascuelo y de María», como decía el poeta), alguien se ha tomado las cosas en serio y después de cinco años del horroroso atentado, ha hablado. Me refiero al perito químico D. Antonio Iglesias, uno de la terna que investigó el 11-M. El señor Iglesias, después de haber analizado pacientemente las muestras que quedaron tras la voladura de los trenes, ha determinado sin género de dudas que lo que explotó en éstos no fue Goma-2 Eco, sino Titadyne.

Se preguntarán ustedes, como el fiscal Zaragoza: ¿qué importa lo que explotara en los trenes? Por de pronto, se me ocurre una primera razón: si hubiera sido indiferente, los trenes todavía seguirían ahí, puesto que analizarlos no hubiese arrojado datos relevantes para la investigación. Dado que no era el caso, los hicieron desaparecer. Lo cual nos lleva a otra cuestión: ¿quién hizo desaparecer los trenes? ¿Contaba ese alguien con alguna autorización? La primera pregunta es difícil de responder, pues con ella tendríamos a los autores «materiales»; la segunda, en cambio, apuntaría al Juez Del Olmo –siempre que la hubiese concedido, claro está–, instructor del caso y curiosamente desaparecido de la escena «por motivos de salud».

Pero no sólo eso. Que sea Titadyne y no Goma 2 Eco también apunta, posiblemente, a un modus operandi que no tiene nada que ver con los radicales islamistas que salieron condenados en esa especie de juicio, sino a otros radicales, pero de casa: concretamente a los de la ETA, para quienes el Titadyne es instrumento habitual. Recordemos que salió Ibarretxe primero diciendo que «fue la ETA» y después, curiosamente, se corrigió y se apuntó a la tesis de los islamistas.

Quizá la madeja tiene visos de desenredarse. Por lo que vamos viendo, si España fuera un país «decente», determinadas conductas merecerían el calificativo de alta traición. Quizá lleguemos a saber a quién le interesaba realmente un cambio de Gobierno. Y quizá, sólo quizá, lleguemos a enterarnos de las razones que tuvo Aznar para no detener en seco el proceso electoral hasta tanto la investigación policial y judicial determinara qué ocurrió realmente. Que ya sabemos que «no están en desiertos lejanos»; pero queremos concretar un poco más, porque hay 192 muertos y 1.500 heridos. Lo menos que se merecen las víctimas y sus familiares es LA VERDAD.

Muchas gracias a los señores Antonio Iglesias, Casimiro García Abadillo y Luis del Pino (entre otros varios) por tratar de hacer el trabajo que en su momento debieron haber hecho algunos jueces y policías, y que no sólo no hicieron, sino que ahora nos enteramos de que trataron de torpedear todo lo posible el esclarecimiento de la verdad. Pues sólo la verdad proporcionará descanso a los muertos y consuelo a los vivos.

Bulo y bula

Seguramente, éste es uno de los pocos casos en que la lengua española trata mejor al género femenino que al masculino. Porque «bulo» viene a significar, en primera y única acepción, «noticia falsa propalada con algún fin». Por el contrario, «bula» significa «documento pontificio relativo a materia de fe o de interés general, concesión de gracias o privilegios o asuntos judiciales o administrativos, expedido por la Cancillería Apostólica y autorizado por el sello de su nombre u otro parecido estampado con tinta roja».

En eso me ha hecho pensar lo que podríamos llamar el caso Garzón, también conocido como Balty Joe y su mono. Que uno no sabe cuál de ellos es más mono: si el simpático primate de la foto o su señoría, al que ZP tiene saltando de rama en rama intentando que el personal se distraiga y no dé la brasa con lo importante. Pues no son divertidas ni nada –reímos para no llorar, aunque no esté el horno para bollos, ni mucho menos– las monerías resultantes: lo de «pedir el certificado de defunción de Franco» no lo hubiese superado ni Berlanga, que ya es mucho decir.

El caso es que su señoría, con una base débil (unos cuantos bulos cocinados en los subterráneos de Moncloa y del Falansterio del Interior), se ha lanzado a la feroz caza y captura del «corruto e ineto», porque así se lo ha ordenado ZP (o Rubalcaba, que parece tener más cerebro). Bueno, por eso y porque en su desmedida ambición, el despacho de juez de la Audiencia Nacional se le ha quedado pequeño y aspira a más. ¿Y dónde hay mayor densidad de corrutos e inetos? En Madrid y Valencia, naturalmente. Y con un pie en los Madriles y otro en la tierra de la luz, de las flores y el amor, empezó a repartir mandobles a diestro y siniestro (sobre todo a diestro).

¿Y qué ha pasado, después de tanto mandoble? Pues que los bulos se han demostrado como tales bulos: acusaciones sin fundamento. Como si a Don Garzote de la Plancha un mago malvado le hubiese transformado a los «corrutos e inetos» en inofensivos cueros de vino. Vamos: que ni ha habido trajes para Francisco Camps (en todo caso, el único traje es el que le han querido hacer desde Moncloa y ha salido con las hechuras contrahechas), ni el sastre era tal sastre (aparte de dejar, eso sí, un roto de nada menos que 600.000 leuros, toma del frasco).

Y mira tú por dónde, Don Garzote, el martillo de herejes peperos, ha pasador de enfocador a enfocado. Y la luz con la que le han enfocado desde Valencia ha desenfocado un poco la imagen de este fiel servidor de Moncloa. Ha hecho que todos recordemos el rosario de pifias que ha cometido desde que en 1992 intentara ser ministro de Justicia... y le dieron el cargo a otro (desagradecidos políticos: ¡con todo lo que él ha hecho por ellos!), mientras a Garzón le dejaban con la consolación del Plan Nacional de Drogas, a todas luces insuficiente.

Y es que además, el famoso rosario ha ido in crescendo. Mientras él se emperraba en juzgar a Pinochet, los presuntos iban saliendo libres de su juzgado por exceder del plazo de prisión preventiva legalmente establecido. De los misterios de dolor que suponen las sucesivas negativas para ocupar un cargo de relumbre y tronío, cual es el de Ministro de la cosa. De los misterios de gloria, como la que debió sentir al tirar de la manta en el caso Filesa o al intentar juzgar a Pinochet (¿por qué no a Fidel? Ah, claro: porque la historia le absolverá, faltaría más). Y, por supuesto, los de la luz, como la luz de esas extensiones selváticas centroamericanas en las que se le ha visto últimamente.

Uno mezcla todo el cóctel, ¿y cuál es la resultante? Pues que su señoría tiene bula. Es uno de los varios lacayos del PZ(OE) en el –presuntamente independiente: otro bulo– Poder Judicial y eso, al parecer, le da bula para muchas cosas. Siempre, claro está, que la prensa no se entere y de enterarse ésta –Jakin y Boaz no lo permitan– que sea la del movimiento. Ahora parece que van a pedirle cuentas, pero uno no sabe si es por aquello de que las irregularidades son demasiado manifiestas y «algo hay que hacer para que no parezca que no podemos hacer nada» o porque realmente han decidido que «van a tomar serias medidas».

En un país normal, un juez en la posición y situación de Garzón hubiese sido expulsado de la carrera judicial, cuando no juzgado por prevaricación y retirado de la circulación jurídica. Pero ya sabemos que desde que estamos en ¿democracia?, Spain is different. ¿Y a la democracia de verdad? La están dando por el bulo y nosotros haciendo como que no nos enteramos. Y así nos va.

Se va el caimán... y a saber lo que vendrá

Se va el caimán, se va el caimán... se va por la barranquilla... Así se suele cantar en las fiestas, después de bailar la conga todos juntos en fila india. Más o menos lo mismo que ha ocurrido en la política nacional: que después de aclamar a Bermejo en plan "torero", le han convertido en res "brava" y le han dejado para el descabello.

Ciertamente, debemos felicitarnos porque ese individuo haya dejado la cartera de Justicia. En un país normal ya no hubieran nombrado a un tipo como él, que se definió como "rojo" sin encomendarse a nadie, ni siquiera a ZP. Untipo que, en los dos años que ha estado en el cargo, no sólo no ha arreglado nada, sino que ha empeorado las cosas e incluso ha conseguido que todos los sectores jurídicos se hayan unido contra él.

Un tipo que, además, no ha sido nada discreto. Allí por donde ha ido no ha hecho otra cosa que crear follón... y cada vez que ha abierto la boca, no ha sido sino para crear más problemas de los que había. En eso sí que se puede decir que ha sido "rojo" o, si se quiere y para no ofender, "de izquierdas". Que no ha sido nada discreto, además, en lo concerniente al uso privado de dinero público.

Sólo hay que lamentar una cosa: que lo que le ha tenido que dar la puntilla no ha sido la suprema incompetencia que ha demostrado en su gestión, sino una película de hace 30 años, que reproduce con fidelidad asombrosa el comportamiento del továrishch politkom (creíamos que lo de arreglar asuntos oficiales en cacerías era cosa del franquismo; ya se ve que no). Con el agravante de que dicho comportamiento le puede suponer a sus acompañantes una posible acusación de prevaricación, cuando menos para el juez Garzón (caso de que éste no se inhiba), recusado por el PP por su evidentísima parcialidad y animosidad contra dicha formación política.

Esto no es más que otra confirmación del argumento de la visibilidad, que denunciaba Jeff Jacoby en su artículo Glamour rojo, traducido en este blog. Sólo cuando este tipo ha metido la pata de tal modo que no había por dónde defenderlo y de tal modo que hasta el más tonto se ha dado cuenta de que Bermejo había metido la pata hasta la ingle, ZP le ha dado la patada. Si Bermejo no se hubiese ido de cacería con quien se fue, todavía estaría de ministro. Tampoco es asunto menor el hecho de que cazara sin permiso; pues se supone que el Ministro de Justicia ha de dar ejemplo y respetar la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico. Pero ni eso: se ha pasado el ordenamiento jurídico por el arco de triunfo.

Por tanto, nos felicitamos de la marcha de ese freak político y que lo cambien. Y bueno, ¿a quien nos ponen? Pues el sustituto es un galego das Rías Altas. Lo que viene a significar, s.e.u.o., que será un Ministro infinitamente más discreto, que las matará callando, que no dará muchas ruedas de prensa y que los periodistas acudan a una de ellas habrán de ser expertos en hermenéutica para saber qué carallo ha dicho: ya se sabe que los gallegos non se sabe si suben ou si baixan e si veñen ou si van. Con una excepción, tal vez: la de Pepiño, al que se ve venir de lejos...

Sólo es conocido un detalle: que sugirió o permitió el mantenimiento de la palabra "nación" durante la negociación del Estatut catalán de 2006. No me augura nada bueno, pero vamos a concederle los 100 días de cortesía (con la crisis deberían ser menos, porque todo encoge, claro; pero estamos generosos), a ver por dónde respira.

Un último detalle. La crisis de "ansiedad" de Garzón del viernes... ¿no sería porque, a pesar de sus denodados esfuerzos, de su acendrada fidelidad al PZ(OE), de los servicios prestados (a veces rozando la ilegalidad)... ZP no le ha nombrado ministro de Justicia y se ha llevado un disgusto mayúsculo? Vamos, que ni con el frasquito de sales que le daba su santísima se ha podido recuperar...

En este país de pandereta todo es posible.

Por un puñado de euros...

Un amiguete sancionado por otros amiguetes. Pelillos a la mar. Y así nos va. Ésta es la justicia zapatera.

El pacto

A partir de ahora, la justicia irá mejor. Todo queda en casa y todo se reparte como buenos hermanos (aunque las cosas queden igual que hace cuatro años).

Comedia de errores

Permítaseme la referencia un tanto jocosa en un asunto tan serio y tan grave como éste. Pues sólo así puede calificarse el arrêt Mari Luz Cortés, la niña onubense de 5 años de la que abusó un vecino (¡!) y que está además acusado de haberle dado muerte. Una maldita «comedia de errores».

El asunto no tendría «nada de especial» si no fuera porque ha puesto de manifiesto discontinuidades desastrosas en el conjunto del sistema de protección ciudadana, relacionadas con la cantidad y calidad de información que fluye entre sus diferentes componentes. Desinformación entre la policía y la judicatura. Desinformación entre diferentes órganos judiciales, que ha segado la vida de una niña inocente. Condenas pequeñas, que han supuesto que el delincuente no entrara en prisión durante todo este tiempo.

Hoy se rasga todo el mundo las vestiduras. Hoy todo el mundo se pregunta «¿cómo ha sido posible?» y se piden —casi se exigen— las más duras medidas contra el delincuente: «Nada... ¡cuatro tiros hay que pegarle!», «¡Hay que castrarlo!», «¡Hay que... (cualquier barbaridad que se les ocurra a ustedes)!». Los españoles, incluso los que dicen que no se sienten tales (que luego escarbas y resulta que tienen raíces al otro lado del Segre o de Santa María de Garoña o más abajo de Despeñaperros), somos de sangre caliente y reaccionamos con furia ante estos hechos. Eso, naturalmente, sirve mucho para desviar la atención del verdadero problema, que no es otro que el funcionamiento normal de la Justicia. Pero, hombre de Dios: si por ese concepto hasta se puede pedir indemnización en este país...

Por otro lado, ¿a quién habría que pedir responsabilidades por un retraso de cinco meses en sustituir a la funcionaria que según el juez Tirado tendría que haber tramitado las informaciones correspondientes? ¿Y quién es responsable de todos los demás fallos?

No se comprende cómo es posible que ya en pleno siglo XXI el funcionamiento de la Justicia siga siendo el del siglo XIX. A lo mejor en Estados Unidos (me resisto por completo a llamar «América» a esa nación, puesto que los mexicanos serían también americanos sensu stricto) las cosas son distintas. A lo mejor allí es verdad que los policías poseen un aparato conectado a la intranet correspondiente y pulsando un botón aparecen todos los delitos de los que se tiene constancia ha cometido el presunto, hasta las multas de tráfico. Por lo menos, así parece en las películas de Jólibus. Y eso que aún no hemos asistido a la sugerencia de que la policía se transforme en PreCrime, Inc.

Pero no se preocupen ustedes: no hay peligro de que eso ocurra en España. No se insinúa que todos los Juzgados funcionen igual de mal, ni mucho menos. Seguramente hay titulares de Juzgados que consiguen que su Juzgado dé bien en las estadísticas a fuerza de horas y horas de honrado trabajo. Sin embargo, no es menos cierto que las consecuencias de un error judicial (o de una concatenación de ellos) pueden ser terribles, como es el caso presente.

Y se habrán fijado ustedes en otro detalle. Será coincidencia o no, pero mientras bullía y estallaba la indignación popular por el caso de Mari Luz, se han dictado dos sentencias que de no haberse producido el fatal desenlace del caso Mari Luz, hubiesen tenido mucha mayor repercusión mediática: por un lado, la sentencia del caso Gescartera, que ha tardado nada menos que ¡siete años! y que ha permitido que Pilar Giménez Reyna y los otros bergantes hayan dado con sus huesos en la cárcel, una vez demostrada su culpabilidad. Por otro, la sentencia del caso Juan Antonio Roca, que resulta que no va a la cárcel porque le han impuesto de fianza la calderilla de un millón de euros. A saber qué se ocultará tras esa fianza de calderilla...

Es curioso que ambas sentencias hayan recaído después de las elecciones. ¿Se imaginan ustedes el efecto que la sentencia J. R., el factótum marbellí, hubiera causado en la candidatura de Manoliyo a la presidencia andaluza? Claro que en el cortijo de Manoliyo todo es posible... Y no digamos la de Gescartera: impacto menor, pero que los medios giliprogres hubiesen machacado hasta la náusea lo de «el PP es un partido corrupto». No sería difícil imaginar a Eva Hache (la novia de Freddy Krueger), vestida con el traje típico segoviano diciendo algo así como: «No durmáis, peperos... ¡por Gescartera esta noche os espero!»

Luego, se enfadarán y tratarán de empapelar a un alcalde (Pedro Pacheco) por decir que «la Juztizia é un cashondeo» o al dibujante Ramón por un dibujito de ná acerca del Tribunal... Constitucional («vamos a llevarnos bien...»). Siempre hemos dicho que si la Justicia española está enferma, ello es causa y consecuencia de que también lo esté la sociedad. ¿A alguien le interesa que la Justicia siga así de enferma? (y no es una pregunta retórica...)

Dejen que me defienda, por favor

El otro día unos cafres decoraron abundantemente el portal de mi casa. Desconozco si son negros, amarillos o fruta del país. El aspecto que ofrecía dicho portal era indescriptible. No parecía sino que una piara de cerdos hubiese hecho en él parada y fonda. Montones de patatas fritas desparramadas por el suelo, una botella de refresco a medio vaciar… en fin. Supongo que ofrecía el aspecto de haberse celebrado un botellón.

Lo primero que uno piensa es: «Hay que hacer algo. Esto no se puede consentir». Bueno, ¿y qué hacemos? Lo primero, denunciar el hecho a la Policía Municipal. Se supone que ellos son competentes para arreglar este tipo de cosas. Va uno, confiado, a la Policía Municipal. Le reciben con una sonrisa amable, como a todo el mundo. Es un señor rellenito y simpático (o que pretende pasar por simpático). La conversación podría desarrollarse en estos términos:

—Buenos días.
—Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece?
—Mire, vengo a denunciar que unos cafres han ensuciado el portal de mi casa.
—Ajá —nos dice el funcionario, fingiendo interés—. ¿Conoce usted o tiene relación con dichas personas?
—No sé quién ha sido, pero le puedo mostrar fotos de cómo ha quedado el portal y así ustedes…

En este punto el funcionario resopla. Parece que tiene una solución.

—Entonces no podemos hacer nada. Si no nos dice quién ha sido no podremos detenerlos.
—Pero oiga…
—De verdad comprendo su problema —y da una palmada en la mesa haciéndonos comprender que por más que digamos él no va a mover un dedo—. Pero si no nos trae usted pruebas físicas de quién ha sido, no podremos ir a buscarles.
El funcionario se te queda mirando y luego se encoge de hombros. Está claro que no es su problema. Por si te quedaba alguna duda, el funcionario añade:
—Oiga, somos policías, no niñeras. —Al ver nuestra expresión de extrañeza, continúa—. Nosotros no tenemos la culpa de que sus padres no los hayan educado correctamente. Si hubiésemos de perseguir a todos los niñatos que se dedican a hacer botellón en esta ciudad todas las noches, no habría suficientes efectivos para realizar el trabajo normal. Además, el sindicato ya ha pactado las condiciones del horario nocturno y...
—Bueno, no se preocupe —corta uno, resignado—. Por cierto, a usted le falta un poquito de ejercicio, ¿no cree? Buenos días.

El funcionario, sorprendido en su línea de flotación, suelta un juramento. Se acaba uno de ganar un enemigo de por vida… pero bueno, la peripecia no acaba más que empezar. Resignados, digo, salimos de la Comisaría de la Policía Municipal.

¿A dónde dirigirse ahora? ¿Nos vamos a la Comisaría de los Mossos o a la Policía Nacional? Optas por lo segundo. Esta vez te recibe una muchacha que parece recién salida de la Academia, muy vivaracha ella.
—Buenos días, caballero. ¿Qué desea?
—Verá, yo quería denunciar que unos cafres han ensuciado el portal de mi casa.
La chica hace como que se lo piensa.
—¿Los conoce? —pregunta—.
—No.
—Bueno, entonces rellene este cuestionario, que cursaremos a una unidad para que haga el seguimiento necesario y…
—¿Cuestionario, dice usted?
— Ehhhh… sí.
—Bueno, démelo, a ver…
Y te apartas un poco para enfrentarte al cuestionario.
Las preguntas son de lo más curioso: «¿Conoce usted a los presuntos delincuentes?», «¿Sabe si forman parte de alguna banda latina?», «¿Ha sido amenazado, agredido o extorsionado por ellos?». Cuesta Dios y ayuda rellenar el cuestionario, pero ahí vamos. Lo terminas, no sin algún trasudor que recuerda a los del rey Alfonso VI en Santa Gadea…

... Las juras eran tan fuertes
que al buen rey ponen espanto,
sobre un cerrojo de hierro
y una ballesta de palo…

Entregas el cuestionario y la muchacha, toda alegría, te dice que se le dará curso debidamente. Te vas a casa tranquilamente pensando que la pesadilla ha concluido. Pero no. Resulta que una soleada mañana de domingo vuelve a aparecer el portal hecho una pocilga, abundantemente decorado. Por supuesto, nadie ha visto nada. Nadie sabe nada. Harto, pues, de fregar el portal y de adecentarlo, uno decide montar guardia el próximo fin de semana. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se las convence si no es con pruebas obtenidas en el momento del hecho. Así que esperas.

Aparecen los muchachos, cómo no. Resultan ser fruta del país, mixta (varios chicos y chicas). A lo mejor en su casa son obedientes y sumisos, pero en la de los demás no; se comportan como verdaderos cafres. Ríen, vuelven a tirar las patatas fritas, pensando en la rabia que te dará limpiarlo a la mañana siguiente. Beben del botellón y las risas se hacen más fuertes. Es inevitable: el espectáculo nos aumenta la adrenalina. Y el enojo. Así que sales de tu puesto de guardia aparentando calma, pero apretando fuertemente los puños. Los muchachos advierten que llega alguien de la casa. «¡Corred!», gritan, pero esta vez tú eres más rápido y agarras al que parece el jefe. Fijo que no tiene los dieciocho. Lo primero y sin mediar palabra le metes un tortazo. Y luego le acogotas y le ordenas: «¡Cómete esa mierda!». El chico se resiste, pero tú eres más fuerte y le haces que coma, hasta la última patata frita. «¡Y ahora vete a hacer esto a tu casa!», finalmente, le gritas. El muchacho, con el rostro demudado y dando traspiés, se va hacia su casa.

Por una vez estás contento y satisfecho. Has hecho lo que el cuerpo te pedía, harto de cuestionarios y funcionarios que no quieren mover un dedo por esa «minucia». Pero si crees que has terminado, vas de lado. A los pocos días llama a tu puerta una pareja de la Policía:

—¿Es usted Don Fulano de Tal?
—Sí.
—Tiene usted que acompañarnos a Comisaría, Don Fulano. Le tenemos que hacer unas preguntas.

No hay vuelta de hoja. Vas maliciándote de qué puede ser, pero hasta que no llegas a Comisaría no te das cuenta de hasta dónde ha llegado la pesadilla. El mocoso, acompañado de sus padres, te reconoce y se pone histérico: «¡Es él! ¡Papá, es él!». El padre te mira con odio… y la madre, si sus ojos fuesen espadas, ya estarías traspasado trescientas veces.

La cosa pinta mal. En las declaraciones apareces como culpable, naturalmente. Y hay que ir a juicio, porque en un Estado de Derecho todo se resuelve en los tribunales, faltaría más. Te presentas el día del juicio con tu abogado (como no eres pobre de solemnidad no tienes derecho a justicia gratuita). La otra parte, que te mira como si quisiera verte en el infierno, presenta partes de todo: de la gastritis que le provocaste por obligarle a comer las patatas, del trauma psicológico que le causaste… en fin. Tú presentas tus fotos de cómo quedó el portal.

El juez, que hoy no parece haber desayunado muy bien, mira al chico y te mira a ti. Temes lo peor. Empiezas a maldecir la hora en que no te quedaste en tu casa. Finalmente, dice:

—Primero: Dictamos orden de alejamiento contra la parte acusadora. El acusador no podrá acercarse a menos de cien metros de la vivienda de la parte acusada. Segundo: condenamos a la parte acusada a sufragar los gastos que se hayan deducido de su actuación, además de condenarla en costas.

Pausa tensa. Te mira un momento enarcando una ceja y dice:

—Y dese por contento.

Estás jodido. Tu abogado pone cara de circunstancias y se dispone a cobrar sus honorarios. ¿A cuánto se ha ido la broma en total? A cuatrocientos leuros, honorarios del abogado aparte. No dejas de sentirte como Amerigo Bonasera y, en general, como un perfecto imbécil. Hs funcionado el Estado de Derecho, si. Pero sigues tan indefenso como antes.

El siguiente paso, posiblemente, sea obtener una licencia de armas.

La paliza

Bueno, esto tenía que llegar alguna vez. Después de tres años —como mínimo— de dirigirse improperios y amenazas, llegó el tiempo de «pasar a la acción». Y así, unos mozalbetes cuya cabeza está vacía de cerebro y llena de «odio a la derecha», propinaron una paliza a un militante de Nuevas Generaciones del PP de Alcorcón. El mensaje subyacente es muy claro: el PP ya no es un mero adversario político, sino el enemigo. Y al enemigo se le puede ignorar, se le puede insultar, se le puede vapulear dialécticamente… y físicamente, como acabamos de comprobar. No esperamos sino que se detenga a los culpables y que el peso de la ley caiga sobre ellos, pero la reflexión nos impone dar un paso más.

Parece ser que quienes administraron la paliza a ese muchacho son miembros de un colectivo «antisistema». No tengo nada en contra de los colectivos antisistema, siempre que manifiesten sus convicciones pacíficamente, puesto que estamos en una democracia y todas las ideas son respetables mientras se respete la integridad física de los demás. Ahora bien: estos gamberros —pues ése y no otro calificativo es el que merecen—, con su estética skin, son cualquier cosa menos pacíficos opinantes. Son personas violentas, que creen en la acción directa como único medio de resolver problemas.

Este último detalle es muy español. Como diría Fernando Díaz-Plaja, es una manifestación de la Ira española, sin contemplaciones ni paliativos. Cuenta el autor en su obra El español y los siete pecados capitales —de lectura recomendable—, el siguiente sucedido. «De cómo muchos españoles entienden la discusión política da idea la historia que ocurrió en un discurso de propaganda electoral durante la República. Un orador estaba exponiendo sus puntos de vista y era interrumpido continuamente desde la galería: "¿Quieres controversia?". A la quinta interrupción, el orador se encaró con el espectador y dijo:

—Sí, acepto la controversia. No me da miedo la discusión y estoy dispuesto a escuchar los argumentos de ese señor.

Hubo un silencio. Todos estaban pendientes de lo que iba a alegar el interruptor. Y éste soltó, de pronto:

—… ¡Mamón!

Es lo que muchos españoles entienden por controversia.» (F. Díaz-Plaja, op. cit, 2ª ed., pp. 80-81. Alianza, 1992).

Tampoco tiene nada de extraño que el anarquismo prendiese con fuerza en España. Pero no tanto por su contenido político (abolición de la propiedad, uniones libres, etc.) como por lo que implica el anarquismo (y por extensión para los españoles, el izquierdismo) de poder hacer lo que a uno le dé la gana, cuando le dé la gana, con quien le dé la gana y tantas veces como le dé la gana. De igual manera, mucha gente creyó que ser «buen anarquista» o incluso «buen comunista» implicaba «matar al cura, al maestro y al guardia civil del pueblo». De ahí la extrañeza y el enfado del personaje de Gironella, el comunista Gorki, ya exiliado en París, cuando un correligionario francés le explica, en Ha estallado la paz, que cuando Marx dijo que «la religión es el opio del pueblo», se refería al opio como tranquilizante, no como veneno.

Éstos son, al parecer, los referentes literarios de los gamberros que agredieron al joven de Nuevas Generaciones del PP en Alcorcón. También debo decir que me sorprende que fueran simplemente miembros de un colectivo antisistema. La prensa más informada y la justicia, sobre todo, dirán la última palabra; pero ese hecho me huele muy mucho a «encargo», algo del estilo de «hacedlo vosotros para que a nosotros no nos señalen». Los colectivos antisistema son, hasta donde tengo entendido, anticapitalistas, pero no suelen atacar necesariamente a una determinada formación política. Es decir: un antisistema ocupará un inmueble vacío, o incluso puede incendiar un banco, el representante más conspicuo del capitalismo opresor, antes que agredir a un miembro de una tendencia política concreta. O también puede ser un montaje: elementos de extrema izquierda «disfrazados» de skins y contentos porque iban a cobrar por sacudir a un fascista. A lo mejor resulta que existe relación entre esta paliza y la profanación de las tumbas de Paracuellos, acto vandálico que no deja duda de la filiación política de los vándalos.

Pasando al capítulo de reacciones, la cosa se pone espesa. ¿Qué hacer? Donde hay un Estado de Derecho, sin duda lo primero es acudir al Estado de Derecho, que es lo que ha hecho NN.GG. de Alcorcón: presentar la correspondiente denuncia y dejar que la policía y la justicia hagan su trabajo. Ahora bien: ¿qué ocurre si no pasa nada? Si la justicia impone unas penas pequeñas o, peor aún, deja en libertad a los agresores por considerar que los hechos son «irrelevantes», ¿acaso el joven agredido no verá burlado su derecho a recibir una justa compensación por la agresión sufrida? Igualmente significativa ha sido la reacción del alcalde y de la delegada del Gobierno: mirar hacia otro lado. Según ellos, en Alcorcón no pasa nada que rebase los límites tolerables. También durante la República se actuó por omisión y se permitió que ocurriesen barbaridades, que llevaron al paredón a esos que las permitieron (o a muchos de ellos).

Entonces, ¿tiene o no tiene derecho el PP a defenderse? Desde luego, la corta historia de la democracia española nos dice que no, que «la derecha no tiene derecho a defenderse». Primero AP y después el PP han soportado en silencio toneladas de provocaciones de todos los tamaños y pelajes por parte del PSOE, porque lo importante es preservar la paz social. Pero esta situación no se prolongará indefinidamente. Si llega un momento en que media España se ve indefensa ante los ataques y las provocaciones de la otra media, se estarán gestando las mismas condiciones, el mismo caldo de cultivo que provocó la guerra de 1936. Y es una extraña coincidencia que el artículo en que Larra insertó el epitafio español, ese díptico doliente…

Aquí yace media España:

murió de la otra media

lleve por título La Nochebuena de 1836. Exactamente cien años antes de que estallase la guerra civil.

Estos americanos están locos (o no)

A qué punto hemos llegado, madre de Dios. Acabo de enterarme que un juez estadounidense prohíbe a un jurado visionar series «judiciales» (tipo CSI, Ley y Orden, El Abogado, etc.) y un canal —Court TV— de 24 horas de contenidos legales para que no se deje llevar por la mezcla de realidad y ficción a la hora de juzgar un caso. El asunto ha llegado a tener tal envergadura que en todo el país se dan seminarios a los abogados para enfrentarse «al efecto CSI».

Hoy nadie medianamente informado discute que los inventores modernos de la corrección política son los estadounidenses. No sé si será la herencia cuáquera o de otro tipo; pero en aquellas tierras la moral pública es rígida y la privada todo lo amplia que permite la ley (en algunos casos muy permisiva). Recordemos el «caso Clinton»: el entonces presidente no sufrió un proceso de impeachment por «dejarse tocar la flauta», sino por mentir acerca de ello. No sabemos si ese proceso se hubiera iniciado de haber admitido Clinton desde un principio la verdad. Claro que eso le podría haber costado el matrimonio de entrada, y Hillary Rodham Clinton no es precisamente una «tímida florecita»: más bien al contrario, responde al perfil de mujer de armas tomar.

Pero volviendo a lo que nos ocupa, parece ser que en Estados Unidos es posible asistir vía televisión a juicios determinados, algo que en España está vedado por regla general y reservado a ocasiones como la del 11-M, en la que medianejamente se ha cumplido lo de «queremos saber la verdad» (parece ser que ni son todos los que están, ni están todos los que son… y tal vez tengamos que esperar a marzo, como poco, para empezar a entender este lío).

No me imagino yo que en España pudiera darse un caso así, de prohibición de visionado de series y de juicios en directo. Distinto es el caso de que, al estilo Court TV, se filmaran los juicios para ser vistos después por miles o millones de personas. Seguramente, el secreto del sumario sería una excusa convincente en muchos casos; pero quizá habría juicios que no hubieran terminado con una sentencia denigrante, como la de un caso atroz: la víctima de malos tratos que acudió con la cara hecha un cromo por su pareja o marido (no recuerdo bien el caso), vio cómo era éste absuelto de los dichos cargos, con toda la tranquilidad. O algunas otras sentencias, que nos hacen suspirar resignadamente y decir: «Esto sólo puede pasar en España».

Qué duda cabe que la cultura norteamericana es más televisiva que la nuestra. Que para ellos, lo que no está en la tele no existe (tal vez le den una oportunidad a Internet). Y que en la tele se puede enseñar casi todo lo que forme parte de la realidad, como es el caso de los juicios. Así es como entienden ellos la libertad y la democracia. A nosotros, que somos más carpetovetónicos, el poder (del color que sea) nos da por un lado fútbol o toros y por el otro programas del corazón. No es conveniente que el español, de tradicional genio vivo, aprenda por televisión a defenderse y atacar en los juzgados (en puridad, no es conveniente que el español aprenda nada en la televisión; pero de eso hablaremos en otro artículo).

¿Y ahora qué?

El juez Grande-Marlaska ha decidido archivar la parte de la investigación relativa a la contratación del Yak. Con ello, se exculpa moralmente a Federico Trillo y a su administración del fallecimiento de 62 militares. Esto significa, sin duda, que la responsabilidad se trasladaría a la empresa a la cual pertenecía el aparato y a los pilotos, que según se llegó a decir, no se hallaban en las mejores condiciones para pilotar el avión. Queda abierta todavía la pieza de responsabilidad por la identificación de los 62 cadáveres, poco menos que rocambolesca. Y se abre la vía para que las familias de los fallecidos soliciten una indemnización por responsabilidad de la Administración.

Bueno, ¿y ahora qué? Lo primero es echar una mirada en derredor y preguntar si ha habido algún cargo socialista que entone el mea culpa. Sobre todo, de los que en aquel 2003 cubrieron de basura a Trillo, entre los cuales estaban el hoy mudísimo Jesús Caldera, entonces portavoz del PSOE en el Congreso (¿se acuerdan de lo del comando Dixan y las risitas que suscitó aquel epíteto entre los progres? Fue él quien lo dijo) y el ex-minijtro José Bono. Nadie del grupo PRISA, por supuesto, levantará ahora la pluma para pedir disculpas a Federico Trillo por todas las barbaridades que se llegaron a decir de él. Otra cosa es que fuese un buen ministro de Defensa, que es materia discutible. Pero hay que dar a cada uno lo suyo y si Trillo no fue culpable en la parte de la contratación, justo es decirlo y de bien nacido es reconocer que uno se equivoca cuando el error existe.

Qué duda cabe que el PSOE manipuló no solamente la información que nos llegaba, sino que también manipuló a los familiares de las víctimas que, en un arranque de furia, acorralaron a Federico Trillo cuando iba a comparecer ante el Congreso y le llamaron «asesino». Pero está claro que los socialistas conocen muy bien la técnica de la manipulación —dignos sucesores de Goebbels y de Ehrenburg— y la emplean mucho mejor que el PP. Así, pues, controlando como controlan el 80% de los medios de información, los 62 militares fallecidos lo fueron por la «criminal desidia» de Federico Trillo y sus subordinados.

Realmente, para el PSOE Trillo fue un cabeza de turco. Es decir, al PSOE en aquellos momentos le importaba un carajo la gestión de la Defensa (cabe decir que ahora que gobiernan, también). Únicamente centró su interés en laminar a Trillo porque era a lo que en aquellos momentos se podían agarrar, igual que antes se habían agarrado a lo del Prestige (¡ah, solidarios progres del Nunca máis!). Si el PSOE se dedicara a la tarea de forjar un Ejército que sirviese a las necesidades del país con la misma energía con que se dedicó a machacar a Trillo, ni los USA nos chistarían. La realidad, lamentablemente, es muy otra y queda reflejada en este párrafo que entresaco de un artículo de GEES (el coloreado rojo es mío):

«Hoy, gobiernos y grupos políticos europeos, a izquierda y derecha, reflexionan sobre el entorno estratégico de Europa. El PSOE desprecia estos intentos, por la simple razón de que sus responsables son incapaces de realizar un análisis medianamente serio sobre el futuro de una defensa nacional en la que, por otra parte, dicen no creer. Por incapacidad o por furia ideológica, el Gobierno y el PSOE han renunciado a pensar la defensa tal y como otros partidos socialdemócratas europeos lo hacen. A diferencia de ellos, el PSOE no es que no haga la tarea; es que ni siquiera está interesado en ella».

Ese obscuro objeto del deseo

No crea el amable lector que este artículo va a versar sobre una crítica de cine, o cosa parecida. Es un artículo o post que va a versar sobre algo tan serio como es la Justicia.

Sabido es que nuestro Estado de Derecho se asienta —al menos sobre el papel— en un pilar fundamental: la separación de poderes. Para el sano funcionamiento de un sistema democrático, es fundamental que el Poder Legislativo no pueda meter las narices en el Ejecutivo (o a la inversa), ni éstos, a su vez, en el Poder Judicial. La independencia respectiva de cada uno de los Poderes garantiza que las normas emanadas del Legislativo son ejecutadas tal como fueron emanadas y que, en caso de desviación (técnicamente, «desviación de poder»), la misma puede ser inmediatamente corregida en sede jurisdiccional.

En España, sin embargo (desconozco lo que ocurre en otros países), hemos llegado a un punto en que las barreras comienzan a difuminarse. Para empezar, resulta que si un partido político goza de una mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso (pongamos por caso, 202 diputados), todos los demás partidos sobran porque no añaden ni quitan nada a la mayoría necesaria. Así, pues, aunque dicho partido mayoritario aprobase una hipotética «Ley del Pedo», el que los demás partidos expresaran su oposición o su asentimiento tendría únicamente efectos «morales». Ya tenemos aquí un primer efecto perverso del predominio de la mayoría y, de paso, de la interferencia del Ejecutivo en la tarea del Legislativo (aunque, eso sí: perfectamente legal).

En éstas estábamos en 1985. Un PSOE crecido que gozaba de los citados 202 diputados, hasta el punto de que Alfonso Guerra, siempre ocurrente, se partía de risa diciendo aquello de «¡No tenemos oposición!». Y en el verano aquél, justo antes de irnos de vacaciones, ese PSOE crecido perpetró la Ley Orgánica del Poder Judicial (7 de julio de 1985). Y en aquella ocasión, Alfonso Guerra dijo una de esas frases lapidarias por las cuales ha pasado a la historia: «Montesquieu ha muerto».

Él sabía muy bien por qué lo decía. La famosa LOPJ (y su compañera, la LOCGPJ) consagraban la posibilidad de que la formación de los órganos colegiados superiores del Tercer Poder se vinculara a la representación parlamentaria. Es decir: que la composición de los órganos rectores de la judicatura fuera decidida por los políticos.

Con ello se hiere de muerte a la independencia política de la judicatura y se da entrada a que los jueces tengan «filiación política» (hoy, hasta el tato sabe que la APM es «pepera» y JpD es «progre»), a pesar de que formalmente no puedan ingresar en los partidos. A partir de ahora, cualquier asunto debatido en sede judicial que tenga un carácter ostensiblemente «político», podrá verse sometido a las presiones del partido o prohombre afectado (habitualmente, el PSOE). No está de más recordar los casos «Sogecable», que se llevó por delante a uno de los jueces más honrados de la democracia, o el del «antenicidio» (que sí, que Federico respira por la herida) cuyo fallo el PP, aun gozando de mayoría absoluta, no se atrevió a ejecutar.

Y toda esta digresión, ¿para qué? Pues para mostrar el hecho de que el Poder Judicial es el garante último de la legalidad y la integridad de nuestro ordenamiento (a un nivel más elevado, el TC garantiza la constitucionalidad de las normas, pero de eso mejor hablamos otro día). Lo que significa que, en las condiciones en que está el Poder Judicial hoy en día, quien llegue a controlarlo no tiene que preocuparse de que sus decisiones estén o no ajustadas a Derecho. No soportará control de ningún tipo, porque cualquier recurso que se presente contra una ley injusta se verá abocado al fracaso. La consecuencia más inmediata de la situación es que nos encontraremos ante un gobierno formalmente democrático y sustancialmente autoritario o dictatorial (peligrosamente parecido a la «democracia orgánica» franquista).

¿Sorprende ahora o no sorprende que el PSOE se haya dedicado con ahínco a manosear las decisiones judiciales que le afectan? ¿Sorprende ahora o no sorprende que en Cataluña pretendan que el recorrido judicial de un asunto termine en el TSJ de la Comunidad? De ahí que el control de la judicatura haya sido y es el «obscuro objeto del deseo» de los gobernantes con pulsiones autoritarias o que, simplemente, se pretenden soberbiamente más allá del control de sus conciudadanos (léase Felipe, léase Pujol, léase Zapo…). Quien controle la judicatura y la convierta en su perro fiel es un gobernante virtualmente impune.

Habida cuenta, pues, de cómo están las cosas, sólo resta hacernos una pregunta. Tuvo que ser un poeta satírico quien se la hiciera, cómo no (para enfrentar ciertos temas hace falta una dosis de humor negro). Lanzamos ya esa no menos lapidaria pregunta de Juvenal: Quis custodiet ipsos custodes? O dicho de otra forma: ¿al servicio de quién ponen los jueces hoy en día su ciencia y su saber cuando la justicia llama a la puerta de los políticos?

Una genialidad

«Siempre que se den las condiciones, cada Gobierno deberá intentar la vía del diálogo con ETA».
Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia.

Pero vamos a ver: ¿este tío es tonto o es que se ha dado un golpe en la cabeza? ¿O ni una cosa ni otra y juega a tomarnos por tontos? Porque soltar a estas alturas esta idiotez tiene delito, ¿eh? Ya hemos visto lo que ha dado de sí el «diálogo», el «talante» y, sobre todo, «la pazzzz».

¿Dialogar con ETA? Fracasó Suárez, preso del mito del «consenso». Problema: Suárez no jugaba al mus y no supo aguantar el órdago a la grande que jugaron Arzallus y Garaicoechea. Fracasó Felipe, que sí conocía la aguja de marear, pero que vio que aquella gente no era de confianza y trató de torearlos todo lo que pudo, cediendo lo menos posible (y aún así, montó el GAL). Fracasó Aznar (le acusan ahora de «acercar presos», que es lo único de lo que le pueden acusar). No fracasó Aznar en la política antiterrorista: en 2003 tenía al PNV en un puño de hierro y a la ETA consumiéndose por falta de recursos.

Lo que ha hecho Zapo es tirar por la borda esa herencia, a cambio del necesario apoyo del PNV. Ha liberado al PNV de ese puño de hierro y ha favorecido la vuelta de ETA a las instituciones (no importa bajo qué siglas), de las que el PP, recordemos, la expulsó. ETA vuelve a tener a su disposición fondos públicos. ETA vuelve a tener listados del censo electoral. ETA vuelve a poder imponer su ley allí donde tenga la llave de la gobernabilidad. Vuelven el miedo, el silencio, la huida, la muerte.

No hay nada que dialogar con ETA, ministro. No hay por qué repetir el error histórico de los presidentes precedentes (con la excepción de Aznar ya señalada). Con unos asesinos y mafiosos no se dialoga: se les detiene, se les juzga y se les mete en la cárcel. Eso es lo que debe hacerse en un Estado de Derecho. En los países comunistas no tendrían tanta piedad. Se lo digo yo.

La portada de El Jueves

Parece que el verano no deja de depararnos sorpresas. Anteayer, el vídeo-porquería de los «cachorros» del PSOE. Ayer, la sorprendente (pero no menos esperada) dimisión del Piqué al frente del PPC. Y hoy tenemos para comentar algo que creíamos que sólo sucedía con Franco: el secuestro cautelar de la publicación El Jueves a causa de una portada pretendidamente humorística en la que se ridiculiza a los Príncipes de Asturias. Como siempre, vamos por partes, a ver si conseguimos separar (aislar, que diríamos en términos científicos) los ingredientes de la cosa.

En primer lugar, El Jueves es una revista de corte satírico que se edita en Barcelona. El dato es importante especialmente por un motivo: en Cataluña nunca se tuvo en gran estima a los Borbones, especialmente desde 1714. Ese rencor o desprecio se ha ido cultivando en diversos grados hasta la actualidad. Que lo de la actualidad tiene tela también, pero ya llegaremos. Así, pues, no importa lo que los Borbones hubieran favorecido a Cataluña en el pasado o en el presente, ni siquiera que Doña Cristina trabaje en la Fundación de «La Caixa», verdadero rovell de l'ou del catalanismo económico: son una dinastía extranjera (calificativo que aún se podría mantener actualmente, para algunos: el Rey actual es un español vía Roma y además contrae matrimonio con una princesa griega).

En segundo lugar, existe al parecer una consigna no escrita para todos los medios de comunicación en cuanto a los asuntos de la Corona: «El Rey no se toca». De ahí que todas las informaciones que hacen referencia a la esfera personal y familiar de la Corona se manejen por los periodistas con el mismo cuidado y delicadeza que una masa crítica de plutonio. De ahí, también, que en los medios aparezca la «cara amable» de la Corona: los Reyes son amantes abuelos de sus nietos y menudean las fotografías de todos en amable y acompasada armonía. Y nada puede (o debe) traspasar esa espesa armadura.

Claro que la «imagen perfecta» tiene sus problemas, porque a fin de cuentas, la Familia Real no deja de ser un conjunto de personas humanas, con sus virtudes y sus vicios. Pero como la protege esa cláusula no escrita, todo son «rumores». Y si, por desgracia, aparece una noticia que no puede calificarse de «rumor» por tener demasiados visos de veracidad, «se toman las medidas necesarias» para que esa noticia no aparezca en los medios (o para que el periodista que suministró dicha noticia tampoco vuelva a aparecer ni por el forro en los medios).

Sentados estos primeros párrafos, vamos centrando el objetivo de este post. No es la primera vez en nuestra democracia que se «ataca» a las altas instituciones de la Nación. Somos un país latino, y por ende exaltado, así que no faltan expresiones como las de «La juztizia é un cashondeo», dicho con el gracejo andaluz de Pedro Pacheco. O la de cierto humorista llamado Ramón, a quien se le ocurrió referirse a nuestro más Alto Tribunal como «Tribunal Prostitucional» (y que le costó una querella, aunque luego fuese archivada). Es lo que tiene ser portavoz de lo que muchos están pensando y nadie se atreve a decir. Incluso se puede admitir (estirando mucho el criterio) que hubo una cierta «gracia» en esas expresiones.

En Cataluña, por el contrario, las referencias a la Familia Real han presentado y presentan un elemento común: el mal gusto. En la mente de muchos catalanes estará el recuerdo de cierto día de 1983. Se emitía por TV3 el programa nocturno «Oh, Bongònia!», dirigido y presentado (ahora se dice conducido, que queda más fino y más anglófono) por Miquel Calzada Mikimoto. En dicho programa se le ocurrió al periodista burlarse de las facultades mentales de Doña Elena. Rápidamente, una llamada desde Zarzuela expresando el disgusto por el tratamiento que se dio a la Infanta y el periodista es obligado a pedir disculpas públicamente. Claro que a mí se me ocurre una idea. Hubiera estado muy bien que el señor Calzada hubiese podido entrevistar a Doña Elena, para tener información de primera mano y no agarrarse a los tópicos nacionalistas de toda la vida, que ya hemos citado.

(Aunque sea entre paréntesis, recuérdese también el diferente tratamiento que tuvo unos años después un sketch de Javier Gurruchaga en TVE, en el que se burlaba de los tres iconos más furibundamente nacionalistas: La Moreneta, el Barça y Pujol. Aquí el asunto fue casus belli y delito de lesa catalanidad. El programa se tuvo que retirar. Los nacionalistas no demuestran ningún sentido del humor cuando son ellos el objeto de la burla).

Con estos precedentes, ya podemos analizar el secuestro de la publicación. La viñeta en cuestión es, primeramente, de mal gusto. Presenta a los Príncipes de Asturias en su supuesta intimidad, aprovechando la coyuntura del cheque-bebé de Zapo. Pero el insulto no está solamente en presentarlos en su supuesta intimidad. Hay dos detalles más, no menos insultantes que el citado y que se intuyen de las palabras que el «humorista» pone en boca del Príncipe:

1. El primero, que Don Felipe es un vago. O sea, que vive de gorra del resto de los españoles. Realmente, cuesta saber con detalle (no trasciende en los medios) cómo se prepara el Príncipe para suceder a su padre, pero entendemos que eso no es motivo para decir que no hace nada. Y mucho menos cuando se desconoce su vida personal.
   

   
   

2. El segundo, que Don Felipe es idiota (ésa es la impresión no demasiado subliminal que da en la viñeta). Lo cual es un insulto totalmente gratuito por parte de alguien que ni siquiera le conoce personalmente, pero que aquí en Cataluña se capta inmediatamente por todo lo que ya hemos explicado.
   

¿No había otra manera de tratar el asunto que meterse con los Príncipes, por muy republicano que sea uno? Yo les sugiero una, si me lo permiten. Presentemos la misma situación, pero sustituyamos a los Príncipes de Asturias por Zapo y Sonsoles (si se quiere más morbo, se puede incluso sustituir a Sonsoles por Zerolo. Con Zerolo tendríamos el problema de que no se quedaría preñado, pero seguro que los humoristas le encontrarían la punta…). Ah, pero es que a Zapo no se le puede criticar así. ¿Cómo que no? Habría represalias. Claaaaaaaro. Viva la libertad de expresión…

No sé si es apropiada la medida del secuestro de publicaciones en el siglo XXI, en que las comunicaciones van tan rápidas. Lo que sí sé es que los «humoristas» de El Jueves deberían tomar alguna que otra aspirina para curarse de su resfriado ingenio. Y para que recuerden que su libertad de criticar termina donde comienza el insulto (sobre todo el gratuito). Y ya de paso, para que se les vea menos el plumero.