... Y era Titadyne

Todos nos acordamos de lo nerviosa que se puso la fiscal Olga Sánchez cuando los abogados de la acusación empezaron a desgranar sus argumentos contra la llamada versión oficial. «¡Estalló Goma 2 Eco y valeyá», estalló la fiscal. Ese valeyá, que a la fiscal le ha valido la proposición de su jefe (que de cándido tiene lo que un servidor de ustedes de astronauta) de ascenso a Fiscal del Tribunal Supremo, ha quedado para los anales de la coletilla como símbolo de auctoritas y de que el tema está terminado y no hay más que hablar (y deje usted de joder la marrana, señor letrado, que lo empapelo por desacato).

Recordamos todos también la sonrisa de oreja a oreja de Pepiño (hoy señor ministro de Fomento en trance de adelgazamiento, por culpa de los 600 metros que hay entre su despacho y el de su subordinado más inmediato), cuando decía aquello de «Ya sabemos lo que va a decir la sentencia». La sentencia, al final, no dejó contento a nadie: ni al Gobierno, que pretendía saber lo que iba a decir su señoría Bermúdez; ni a las asociaciones de víctimas del terrorismo, las cuales conocían los flecos y agujeros de la versión oficial, y que además, habían sido atacadas por el Gobierno en su afán de desactivarlas (no solamente para ese proceso, sino para el otro de la «negociación», que oficialmente hoy está «roto»). En dicha sentencia, Bermúdez se cuidó muy bien de enfocar demasiado la luz; y así, lo único que quedaba claro es que no se sabía quiénes habían sido los autores materiales, no se sabía quiénes habían sido los autores intelectuales y, finalmente, no se sabía qué había explotado en aquellos trenes.

El caso es que aquella sentencia, según unos, cerraba el proceso. Y para otros, entre los que yo me cuento, solamente lo cerraba en falso. Además, hubo varios movimientos sospechosos: por ejemplo, el ascenso o cambio de destino de algunos de los mandos de la Policía y Guardia Civil de los que ahora empieza a decirse que presionaron a sus subordinados para que mantuviesen la versión oficial. A mí esos movimientos me chirriaban mucho. Mucho más cuando empecé a leer el libro del letrado de aquella causa D. José María de Pablo La cuarta trama (si alguien puede saber algo de esa intrincada causa es uno de los letrados intervinientes, desde luego). Libro que recomiendo encarecidamente a quien de ustedes no se crea la versión oficial y tenga suficiente estómago para aguantar algunas verdades que en él se cuentan.

El caso es, también, que en este país de salsa rosa y pandereta (y ya no tan «devota de Frascuelo y de María», como decía el poeta), alguien se ha tomado las cosas en serio y después de cinco años del horroroso atentado, ha hablado. Me refiero al perito químico D. Antonio Iglesias, uno de la terna que investigó el 11-M. El señor Iglesias, después de haber analizado pacientemente las muestras que quedaron tras la voladura de los trenes, ha determinado sin género de dudas que lo que explotó en éstos no fue Goma-2 Eco, sino Titadyne.

Se preguntarán ustedes, como el fiscal Zaragoza: ¿qué importa lo que explotara en los trenes? Por de pronto, se me ocurre una primera razón: si hubiera sido indiferente, los trenes todavía seguirían ahí, puesto que analizarlos no hubiese arrojado datos relevantes para la investigación. Dado que no era el caso, los hicieron desaparecer. Lo cual nos lleva a otra cuestión: ¿quién hizo desaparecer los trenes? ¿Contaba ese alguien con alguna autorización? La primera pregunta es difícil de responder, pues con ella tendríamos a los autores «materiales»; la segunda, en cambio, apuntaría al Juez Del Olmo –siempre que la hubiese concedido, claro está–, instructor del caso y curiosamente desaparecido de la escena «por motivos de salud».

Pero no sólo eso. Que sea Titadyne y no Goma 2 Eco también apunta, posiblemente, a un modus operandi que no tiene nada que ver con los radicales islamistas que salieron condenados en esa especie de juicio, sino a otros radicales, pero de casa: concretamente a los de la ETA, para quienes el Titadyne es instrumento habitual. Recordemos que salió Ibarretxe primero diciendo que «fue la ETA» y después, curiosamente, se corrigió y se apuntó a la tesis de los islamistas.

Quizá la madeja tiene visos de desenredarse. Por lo que vamos viendo, si España fuera un país «decente», determinadas conductas merecerían el calificativo de alta traición. Quizá lleguemos a saber a quién le interesaba realmente un cambio de Gobierno. Y quizá, sólo quizá, lleguemos a enterarnos de las razones que tuvo Aznar para no detener en seco el proceso electoral hasta tanto la investigación policial y judicial determinara qué ocurrió realmente. Que ya sabemos que «no están en desiertos lejanos»; pero queremos concretar un poco más, porque hay 192 muertos y 1.500 heridos. Lo menos que se merecen las víctimas y sus familiares es LA VERDAD.

Muchas gracias a los señores Antonio Iglesias, Casimiro García Abadillo y Luis del Pino (entre otros varios) por tratar de hacer el trabajo que en su momento debieron haber hecho algunos jueces y policías, y que no sólo no hicieron, sino que ahora nos enteramos de que trataron de torpedear todo lo posible el esclarecimiento de la verdad. Pues sólo la verdad proporcionará descanso a los muertos y consuelo a los vivos.