Un editorial de LD

Hace unos meses, los socialistas de los gobiernos de España y Cataluña nos ofrecieron un espectáculo hilarante, al menos a los españoles que no hemos sufrido directamente las consecuencias de la irresponsable política hídrica de los socialistas, porque a valencianos, murcianos y almerienses no les debió hacer ni la más mínima gracia. Se empezó a construir un trasvase de la cuenca del Ebro a la ciudad de Barcelona y, para hacerlo compatible con sus demagógicas campañas contra el trasvase previsto por el PP y financiado por la UE, empezaron a crear neologismos políticamente correctos como "aporte" o "captación" temporal de agua.

Por lo que se ve, aquello fue el primer paso en el reconocimiento de que la política socialista del agua había sido un fracaso en toda regla. Evidentemente, lo están haciendo a su modo: es decir, disimulando, mintiendo y aprovechándose de la connivencia sectaria de los medios y el silencio búlgaro del PP. También están considerando una de las opciones más absurdas que podrían ponerse sobre la mesa, después de aquella de transportar agua en barco desde Almería hasta Barcelona: trasvasar del Tajo pero no desde su nacimiento, que es el lugar más cercano a la España seca, sino cerca de su desembocadura, en Extremadura. Una opción cara, obligada exclusivamente por la oposición en Castilla-La Mancha al trasvase Tajo-Segura.

Los socialistas han decidido ahora que las desaladoras no son la solución –como se les lleva diciendo cuatro años, cuatro años perdidos para la España seca– y que hay que trasvasar. Eso sí: del Ebro no, que perderían los mismos votos que ganaron haciendo demagogia del agua. Sin embargo, es precisamente ese trasvase el que más sentido tiene, tanto en términos de costes de transporte como en lo que se refiere al agua sobrante.

Y es que si hay algo que se puede dar por seguro es que el Ebro se desbordará con periodicidad más o menos fija. A pesar de que los embalses construidos a lo largo de todo su curso han reducido el problema, el lecho del mayor río de España no es siempre suficiente para albergar todo el agua que en algunos momentos circula por su cauce. Era un hecho que se tuvo en cuenta al redactarse el Plan Hidrológico Nacional. El trasvase pretendía aprovechar los máximos primaverales y otoñales para llevar el agua sobrante a zonas donde resulta muy necesaria.

Todo esto, que resulta de sentido común por más que la demagogia socialista lo haya logrado ocultar, sólo tiene un pero. Al no existir precios libres del agua no es posible saber si el trasvase resultaba rentable, es decir, si se le iba a sacar suficiente provecho al líquido transportado como para justificar el gasto en una infraestructura de tal magnitud. Pero ningún político está dispuesto a avanzar en la senda de reconocer que el agua es un bien escaso y que, como tal, sólo la existencia de precios libres puede permitir averiguar cuáles son los usos más útiles que pueden darse a este recurso vital, de modo que, obligados a tomar una decisión con una información incompleta,

Al final, la actual aceptación de los trasvases y la negativa a aceptar exclusivamente la del Ebro, el río más acaudalado de España, ha demostrado que la derogación del trasvase fue una operación política, diseñada para evitar una obra que hubiese cohesionado España como antaño hacían las vías de transporte, y que por tanto era un imperativo para los nacionalistas echar abajo. Nacionalistas a los que Zapatero obedeció fielmente. Como volverá a suceder, previsiblemente, en lo referido a la financiación autonómica.

(LD, 12 de agosto de 2008)