La fianza es esa institución procesal penal a la que muy probablemente ustedes y yo no tengamos derecho si un mal día las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos echan el guante. La fianza parece ser un privilegio reservado a delincuentes de altos vuelos, así que si a ustedes o a mí nos trincan, nos meten sin remisión en el maco, que dirían los habituales de ese tipo de establecimientos.
Digo esto porque, al parecer, si uno ostenta un cargo público y además tiene buenas agarraderas (los bien conocidos «amigos del alma»), no pisa el calabozo ni por casualidad. O, en el peor de los casos, pasa un par de noches para que la ciudadanía estabulada entienda que «se ha dado su merecido a los delincuentes». Tal fue el caso de los senyors Alavedra y Prenafeta, vacas sagradas (y gordas y lustrosas) del nacionalismo más ceballut. O de Bartu Muñoz, de cuyo caso nos ocupamos ya en otra entrada y que ahora, por una módica cantidad –100.000 leuros de nada– no pisará la cárcel. Fianza que, por si faltara algo, le han pagado sus amigos del alma del PSC según cuenta su abogado, el catedrático Fermín Morales Prats.
Pero en éste y en casi todos los demás casos, para los que somos legos en temas de casta, sobrevuela una pregunta: ¿dónde está el dinero robado? Es decir, a un señor le juzgan por, pongamos, malversación de caudales públicos (delito propio de los políticos y altos cargos de la Administración) y, previo el pago de una fianza, es puesto en libertad provisional porque, como establece el art. 492 LECr, la fianza se paga como medio de evitar la detención. Por eso Bartu puede celebrar las Navidades tranquilamente, como los senyors Alavedra y Prenafeta. Y del dinero nunca más se supo. Estará a buen recaudo, eso sí: en un paraíso fiscal o en manos de quien corresponda dentro de la organización beneficiaria de dicha malversación; pero ni ustedes ni yo volveremos a oler dicho dineral.
Creo sinceramente que en estos casos el Juez aprecia con demasiada ligereza la concesión de la libertad con fianza. La casta mueve los hilos para que sus recaudadores no caigan en prisión y el Juez, al final, es ese funcionario comprensivo que asegura al presunto: «Mira, me ha llamado Fulano de Tal, que es nosequé-nosecuántos (pez gordo, por supuesto) del partido y hemos quedado en que con una fianza arreglamos el asunto». Y tot queda a casa porque todos somos arrieros y nunca sabe uno en qué recodo del camino nos podemos volver a encontrar. Y si no, que se lo pregunten a Pascual Estevill; o también a Garzón, cuya toga está por ahora más que cuestionada.
En cambio, queridos lectores, prueben ustedes a cometer un delito medianamente parecido al que acabamos de describir. Pongamos por caso: rompan ustedes un cajero automático y llévense 500 euros. Caerá sobre ustedes todo el peso de la ley (y posiblemente, por su condición plebeya, un poco más). Seguramente les salvará que si es la primera vez que delinquen o que la pena que se les imponga sea inferior a 2 años de privación de libertad no olerán los barrotes (se les suspende la ejecución de la pena: art. 81 CP). Y la aplicación de la ley para su caso será estricta al milímetro, como no lo ha sido para estos senyors (¿dónde iríamos a parar si la justicia no funcionase para nadie?). Tendrán ustedes que devolver hasta el último céntimo de lo robado y además, pagar las costas del juicio, que todo tiene que seguir el cauce procesal adecuado.
Pero oiga, ¿y el artículo 14 de la Constitución? Bueno, este… ha sido sustituido de facto por este otro: «Todos los españoles son iguales ante la ley… pero algunos españoles son más iguales que otros». Y cabría añadir incluso que algunos españoles que no se sienten tales son también más iguales que otros.
Les confesaré algo: si yo pudiese legislar, la fianza en estos casos sería el montante de todo lo robado. Sería una medida inaudita, porque en todo lo que llevamos de dictadura parlamentaria (31 años, ni más ni menos) ningún bergante, condenado o no, ha devuelto la total cantidad de lo robado (creo que el único que devolvió algo fue Roldán, y aún ése sólo devolvió un mísero 25%). Pero tal vez contribuyese a que los políticos, ésos que dicen que «nos arreglarán nuestros problemas» (y luego arreglan el suyo y poco más), tuviesen un poco más de cuidado en administrar lo que es de todos y no del viento.
