155

Otro número que debería dar más que hablar y no lo hace. Éste es el número de uno de los artículos más necesarios de nuestra Constitución, habida cuenta de cómo está el patio hoy en día. El PNV —los supuestos «moderados»: tiene narices— dice orgullosamente que se pasa por el forro de… el arco de triunfo (por decirlo en fino) la sentencia del TS que le obliga a mostrar la bandera española en los edificios públicos.

No es el primer desplante que hace el PNV a la democracia española, a la que desprecia (diríamos que en realidad el PNV desprecia a toda democracia que no se pliega a sus intereses, pero más a la que sí se pliega a éstos). Tampoco, probablemente, sea el último: forma parte de su estrategia el encerrarse en una burbuja (la burbuja «euskalerriana») y negar la existencia y la capacidad, en su caso, a todo lo que se halle fuera de esa burbuja.

Pensemos ahora: ¿qué harían Alemania o Francia si un estado o región tuvieran la desfachatez de rechazar el cumplimiento inmediato de una resolución del Bundesgerichtshof o de la Cour Suprème? Estamos seguros de que entrarían en funcionamiento los mecanismos legalmente establecidos y la sentencia sería cumplida sin más contemplaciones, hasta por la fuerza pública o militar en caso necesario.

En España también disponemos de esos mecanismos, por cierto. Nuestra Constitución, inspirada en la Ley Fundamental alemana de 1955, prevé el citado artículo 155, que dice así (la negrita es nuestra):

«1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas.»

Creo que está fuera de toda duda que Euskadi se halla ahora en el supuesto del art. 155. Y por mucho que a Anasagasti se le atragante el marmitako, la Constitución establece una mayoría relativamente pequeña para tomar esas medidas. Sin embargo, el artículo tiene dos problemas en cuanto a su aplicación:

1. El coste de oportunidad política: ningún Gobierno ha querido arriesgarse a una sangría de votos como la que provocaría la aplicación de este artículo, así como a la estigmatización como «Gobierno dictatorial» (o «fascista» o «franquista»). Suárez no lo hizo, pese a que tenía buenas razones para ello (la acción combinada del PNV y la ETA, que asesinaba a dirigentes de UCD con la suficiente frecuencia como para pensar en defenderse). Felipe González tampoco, para no perjudicar a los socialistas que andaban en comandita con el PNV en el Gobierno vasco. Aznar sí pudo hacerlo, pero en mi modesta opinión «no se atrevió» o creía que otras vías más «lentas» le darían mejor resultado a largo plazo. Y Zapo, pues… ya sabemos por qué tampoco toma esas medidas.
   
   
2. El artículo 8 de la Constitución nos recuerda que el Ejército es el garante de la soberanía e independencia de España y el encargado de defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. La cuestión que se plantea es la siguiente: después de tantos años y tantos esfuerzos (sobre todo, de los socialistas) para romperle la columna vertebral a ese «nido de fascistas» llamado Ejército, ¿está éste preparado para una eventualidad de tal calibre?

Sin duda, otros juristas más sesudos que este humilde opinante le encontrarán las vueltas a la aplicación o inaplicación del precepto constitucional. Pero básicamente lo que tenemos aquí es que un partido con responsabilidades de gobierno en una Comunidad se burla y toma por el pito del sereno al Estado. Si a nivel personal y como españoles que somos, cuando nos pasa algo así juramos en hebreo y decimos «de mí no se ríe nadie», además de dar al otro su merecido, ¿a qué espera nuestro Gobierno para hacer lo propio con el PNV? Estamos seguros de que el PP apoyaría una tal iniciativa. La lástima es que no caerá esa breva.