Ese obscuro objeto del deseo

No crea el amable lector que este artículo va a versar sobre una crítica de cine, o cosa parecida. Es un artículo o post que va a versar sobre algo tan serio como es la Justicia.

Sabido es que nuestro Estado de Derecho se asienta —al menos sobre el papel— en un pilar fundamental: la separación de poderes. Para el sano funcionamiento de un sistema democrático, es fundamental que el Poder Legislativo no pueda meter las narices en el Ejecutivo (o a la inversa), ni éstos, a su vez, en el Poder Judicial. La independencia respectiva de cada uno de los Poderes garantiza que las normas emanadas del Legislativo son ejecutadas tal como fueron emanadas y que, en caso de desviación (técnicamente, «desviación de poder»), la misma puede ser inmediatamente corregida en sede jurisdiccional.

En España, sin embargo (desconozco lo que ocurre en otros países), hemos llegado a un punto en que las barreras comienzan a difuminarse. Para empezar, resulta que si un partido político goza de una mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso (pongamos por caso, 202 diputados), todos los demás partidos sobran porque no añaden ni quitan nada a la mayoría necesaria. Así, pues, aunque dicho partido mayoritario aprobase una hipotética «Ley del Pedo», el que los demás partidos expresaran su oposición o su asentimiento tendría únicamente efectos «morales». Ya tenemos aquí un primer efecto perverso del predominio de la mayoría y, de paso, de la interferencia del Ejecutivo en la tarea del Legislativo (aunque, eso sí: perfectamente legal).

En éstas estábamos en 1985. Un PSOE crecido que gozaba de los citados 202 diputados, hasta el punto de que Alfonso Guerra, siempre ocurrente, se partía de risa diciendo aquello de «¡No tenemos oposición!». Y en el verano aquél, justo antes de irnos de vacaciones, ese PSOE crecido perpetró la Ley Orgánica del Poder Judicial (7 de julio de 1985). Y en aquella ocasión, Alfonso Guerra dijo una de esas frases lapidarias por las cuales ha pasado a la historia: «Montesquieu ha muerto».

Él sabía muy bien por qué lo decía. La famosa LOPJ (y su compañera, la LOCGPJ) consagraban la posibilidad de que la formación de los órganos colegiados superiores del Tercer Poder se vinculara a la representación parlamentaria. Es decir: que la composición de los órganos rectores de la judicatura fuera decidida por los políticos.

Con ello se hiere de muerte a la independencia política de la judicatura y se da entrada a que los jueces tengan «filiación política» (hoy, hasta el tato sabe que la APM es «pepera» y JpD es «progre»), a pesar de que formalmente no puedan ingresar en los partidos. A partir de ahora, cualquier asunto debatido en sede judicial que tenga un carácter ostensiblemente «político», podrá verse sometido a las presiones del partido o prohombre afectado (habitualmente, el PSOE). No está de más recordar los casos «Sogecable», que se llevó por delante a uno de los jueces más honrados de la democracia, o el del «antenicidio» (que sí, que Federico respira por la herida) cuyo fallo el PP, aun gozando de mayoría absoluta, no se atrevió a ejecutar.

Y toda esta digresión, ¿para qué? Pues para mostrar el hecho de que el Poder Judicial es el garante último de la legalidad y la integridad de nuestro ordenamiento (a un nivel más elevado, el TC garantiza la constitucionalidad de las normas, pero de eso mejor hablamos otro día). Lo que significa que, en las condiciones en que está el Poder Judicial hoy en día, quien llegue a controlarlo no tiene que preocuparse de que sus decisiones estén o no ajustadas a Derecho. No soportará control de ningún tipo, porque cualquier recurso que se presente contra una ley injusta se verá abocado al fracaso. La consecuencia más inmediata de la situación es que nos encontraremos ante un gobierno formalmente democrático y sustancialmente autoritario o dictatorial (peligrosamente parecido a la «democracia orgánica» franquista).

¿Sorprende ahora o no sorprende que el PSOE se haya dedicado con ahínco a manosear las decisiones judiciales que le afectan? ¿Sorprende ahora o no sorprende que en Cataluña pretendan que el recorrido judicial de un asunto termine en el TSJ de la Comunidad? De ahí que el control de la judicatura haya sido y es el «obscuro objeto del deseo» de los gobernantes con pulsiones autoritarias o que, simplemente, se pretenden soberbiamente más allá del control de sus conciudadanos (léase Felipe, léase Pujol, léase Zapo…). Quien controle la judicatura y la convierta en su perro fiel es un gobernante virtualmente impune.

Habida cuenta, pues, de cómo están las cosas, sólo resta hacernos una pregunta. Tuvo que ser un poeta satírico quien se la hiciera, cómo no (para enfrentar ciertos temas hace falta una dosis de humor negro). Lanzamos ya esa no menos lapidaria pregunta de Juvenal: Quis custodiet ipsos custodes? O dicho de otra forma: ¿al servicio de quién ponen los jueces hoy en día su ciencia y su saber cuando la justicia llama a la puerta de los políticos?